Traidores a LA PATRIA

Historiadora y diputada alineada con el oficialismo, Ajmechet ha sido una de las voces más visibles defendiendo la reforma. Su perfil público combina militancia ideológica fuerte con una activa presencia mediática. Sin embargo, su figura también estuvo atravesada por controversias: antiguos mensajes en redes sociales sobre Malvinas y feriados religiosos generaron repudios transversales dentro y fuera de su espacio.

Mientras respalda un proyecto que flexibiliza condiciones laborales y promueve recortes, percibe ingresos como diputada y como docente universitaria. Para sus críticos, esa dualidad alimenta una pregunta incómoda: ¿desde qué lugar material se defiende la “necesidad de ajustar” cuando no se experimenta la precariedad que la reforma podría profundizar?

Ex Secretario General de la Presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri, De Andreis arrastra una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito a partir de un incremento patrimonial significativo entre 2015 y 2019. La causa judicial sigue siendo un punto sensible en su trayectoria pública.

Que un dirigente bajo sospecha por evolución patrimonial extraordinaria vote una reforma que modifica reglas laborales para millones de trabajadores no pasa inadvertido. La discusión ya no es sólo ideológica, sino también de legitimidad moral frente a un electorado que observa cómo se toman decisiones estructurales en medio de cuestionamientos abiertos.

Exintendente de Presidencia Roque Sáenz Peña y actual diputado nacional por la UCR, Cipolini protagonizó una polémica pública cuando, durante una sesión de jura legislativa, un micrófono abierto captó comentarios de tono sexista dirigidos a legisladoras. El episodio generó fuertes cuestionamientos sobre su conducta institucional.

En ese contexto, votó a favor de la reforma laboral impulsada por el oficialismo. Para sectores críticos, su respaldo a un proyecto que impacta directamente en la dignidad del trabajo convive con una imagen pública marcada por controversias recientes.

Diputada nacional con origen en la UCR, hoy lidera el interbloque Adelante Buenos Aires y ha acompañado al oficialismo en votaciones clave. Su giro político le valió cuestionamientos internos por priorizar acuerdos de gobernabilidad por encima de antiguas posiciones partidarias.

En la votación del 19 de febrero de 2026 respaldó la reforma laboral, consolidando su alineamiento con el Ejecutivo. Para sectores opositores, ese acompañamiento refuerza la percepción de una reconfiguración ideológica que diluye los límites tradicionales entre oficialismo y oposición.

Diputado nacional por Misiones dentro del interbloque Innovación Federal, Arrúa quedó involucrado en una disputa interna partidaria tras una denuncia por presunta retención indebida de bienes en el marco de una intervención del PJ provincial.

Aunque el conflicto forma parte de una interna política más amplia, el episodio proyectó cuestionamientos sobre su accionar institucional. En el Congreso, acompañó con su voto la reforma laboral, en línea con acuerdos políticos que fortalecen el vínculo entre su espacio y el oficialismo nacional.

Exintendente de Pinamar y actual diputado nacional por el PRO, Yeza defendió la reforma laboral señalando que el régimen vigente deja a millones de trabajadores fuera del sistema formal. Argumentó que la actualización normativa es necesaria para reducir la informalidad y dinamizar el empleo.

En su trayectoria pública enfrentó cuestionamientos judiciales vinculados a programas sociales durante su gestión municipal, los cuales él atribuyó a disputas políticas. Su voto favorable se inscribe en la línea del bloque PRO de acompañamiento a la reforma.

Diputado nacional por La Pampa y exintendente de Santa Rosa, Ardohain sostuvo que la reforma busca atacar altos niveles de informalidad laboral heredados y generar condiciones de crecimiento.

Mantiene un perfil político pragmático dentro del PRO pampeano y no registra escándalos patrimoniales públicos relevantes. Su voto fue coherente con la posición orgánica de su espacio.

Economista y diputado nacional por Mendoza, Nieri defendió la reforma laboral como una herramienta para modernizar una legislación que considera desactualizada frente al mercado actual.

Su declaración jurada mostró un crecimiento patrimonial significativo en los últimos años, lo que generó observaciones en medios locales. Él lo atribuyó a actividades privadas previas a su función legislativa.

Exgobernador de Misiones y actual diputado nacional, Herrera Ahuad respaldó la reforma señalando la necesidad de reducir la informalidad laboral en su provincia.

Mantiene un perfil institucional y no registra denuncias judiciales relevantes en su contra. Su voto respondió a la estrategia política del espacio provincial que integra.

Jefe del bloque PRO en Diputados, Ritondo fue una figura clave en la negociación parlamentaria que permitió avanzar con la reforma laboral.

Enfrenta una denuncia judicial por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a propiedades y sociedades en el exterior, causa que se encuentra en investigación y que él rechaza.

Diputada alineada con el oficialismo, Giudici defendió la reforma como un paso hacia la previsibilidad jurídica para el sector privado.

Su trayectoria política incluye etapas en la UCR y posteriormente en espacios liberales. No registra denuncias patrimoniales relevantes.

Diputada por Santa Fe, Razzini sostuvo que la reforma apunta a reducir la alta informalidad laboral provincial y generar incentivos para el empleo registrado.

Proveniente del ámbito empresarial, mantiene una postura firme en favor de la desregulación económica y la reducción de cargas impositivas.

Diputada por Córdoba dentro del interbloque Provincias Unidas, acompañó la reforma laboral en línea con el posicionamiento del oficialismo provincial.

Su perfil público es bajo y no registra controversias judiciales destacadas. Su voto respondió a acuerdos políticos territoriales.

Integrante del bloque libertario por Córdoba, Avico votó a favor de la reforma laboral alineada con la postura del Ejecutivo nacional.

Es una dirigente de trayectoria reciente en la política nacional y no registra antecedentes judiciales o patrimoniales de relevancia pública.

Diputada del PRO por CABA, Giampieri acompañó la reforma laboral argumentando que brinda previsibilidad y reglas claras para el sector privado.

Cercana a sectores históricos del PRO porteño, mantiene un perfil alineado con la conducción partidaria y sin controversias judiciales relevantes en su historial público.

Alberto “Bertie” Benegas Lynch (La Libertad Avanza, Buenos Aires) es economista y nieto de un prócer académico, aunque ahora tildan sus ideas de estrafalarias. Se hizo viral con una metáfora surreal: comparó a la Argentina con “una familia que tiene autos, lanchas, caserón” y que para ajustarse debe venderlos. Bajo su lógica, los trabajadores serían los parientes derrochadores a los que hay que poner a laburar más de un empleo o, para usar su frase, incluso ‘falsificar billetes’ para tapar un déficit. Benegas Lynch defiende el plan de Milei como si fuera el ahorro doméstico, alegando que hay que “basta de comprar autos y lanchas” y que el Estado no viva por encima de sus posibilidades.

Este diputado conservador luce impecablemente inalterable: critica la “guita fácil” de los empleados públicos pero defiende la opulencia de los empresarios (él mismo fundó una inmobiliaria) como algo legítimo. Su famoso “¡vendan la lancha!” fue celebrado en los pasillos del Congreso como épica patriótica, pese a que su abuelo profesor Adolfo Benegas escribía sobre justicia social. Ahora Benegas Lynch vigila la reforma laboral con la misma severidad con que se vendió a sí mismo como vigilante del ajuste; para él, un despido sin indemnización es un mero saneamiento familiar, y los sindicatos un grupo de parásitos domésticos.

Guillermo Montenegro (PRO, Buenos Aires), diputado y exintendente de Mar del Plata, presentó a la opinión pública un plan de recuperar patrimonio cultural: convirtió la mansión histórica Villa Victoria en un espacio de eventos comerciales. En enero de 2025 tuiteó entusiasmado que la otrora casa de Victoria Ocampo “pasó de ser oficinas estatales a una máquina de vender sushi y carne braseada”. Así justificó una serie de recitales privados y bodegas gourmet en el lugar, a las puertas de lo que sería su campaña a gobernador.

La escena generó repudio intelectual de todos los colores: academias y artistas criticaron que Montenegro mercantilizara la herencia pública. Sin embargo, él lo vendió como “actividad que genera dinero y revive la casa”. Paradójicamente, el defensor de la legalidad permitió con su gestión patrimonializado un ingreso amañado (los shows y entradas pagas) antes de atacar a los trabajadores por pedir estabilidad laboral. Entre vender cultura al mejor postor o vender la dignidad del empleo, Montenegro eligió la primera opción mientras invoca eficiencia pública. Y en el Congreso, sus ataques a indemnizaciones palidecen frente a su capacidad de transformar un recurso del estado en su juguete personal.

Lorena Petrovich (La Libertad Avanza, Buenos Aires) saltó al estrellato político cuando era senadora provincial del PRO y protagonizó un escándalo laboral: durante cuatro años pagó a su empleada doméstica “como si trabajara en el Senado de la Provincia”. Resulta que su niñera y mucama era nominada al régimen público, un manejo casi mafioso de fondos estatales. Es difícil encontrar la coherencia en alguien que defiende la honorabilidad por un lado mientras viola la ley laboral por otro.

Hoy Petrovich carga contra los altos costos de la mano de obra y apoya fórmulas de despido barato, como si ella misma no hubiera sido acusada de simular una relación laboral para pagar menos. Sus críticos recuerdan que afrontó una denuncia en 2021 por violar derechos de trabajadoras domésticas, pero ella opta por mirar para otro lado cuando se trata de la reforma laboral. Con ese antecedente ominoso, parece que la diputada libertaria solo lamenta los supuestos privilegios de los empleados, ignorando los suyos. Al final, su prédica liberal suena hueca: de un lado aplaude la iniciativa privada, del otro ausenta cualquier empacho al disfrazar con un contrato estatal a la encargada de su hogar privado.

Damián Arabia (La Libertad Avanza, CABA) fue durante años dirigente del PRO porteño hasta que Javier Milei lo invitó a saltar de bando. Ahora afirma sin pudor que “nunca tuvo doble camiseta” y que sus ideas siempre fueron las mismas, olvidando mencionar que justo entonces Mauricio Macri lo había expulsado de la vicepresidencia del PRO. Su frondoso recorrido político se disfraza de mera coherencia ideológica, pese a que ese cambio de mesa lo favoreció mucho más a él que a su electorado.

Arabia se reclama firme defensor de las ideas liberales: por eso critica al PRO por haberse separado de Milei, asegurando que «al electorado ya se le ocurrió». Sin embargo, sus pasos dejan ver lo contrario: nunca abandonó el PRO hasta que lo echaron, y recién entonces se sumó a la «libertad». Ahora defiende la reforma laboral oficialista, alineado con los que flexibilizan salarios. En suma, Arabia resultó ser un libertario de conveniencia: predica cambio radical mientras asegura que “lo importante es la verdad, no la bandera política”, pero su acto político demuestra que la bandera sí importa cuando toca conservar la banca.

Marcos Patiño Brizuela (La Libertad Avanza, Córdoba) dirige el PAMI cordobés y fue candidato de Milei. Pese a su rol oficial de cuidar la salud de los jubilados, ONG locales lo denunciaron penalmente por negarle medicamentos esenciales a pensionados, violando una orden judicial que obligaba a restablecer la entrega gratuita de remedios. En concreto, lo acusan de una «desobediencia judicial» sistemática por favorecer recortes antes que cumplir la ley. Ese episodio mancha su supuesta vocación de servicio; parece más un militante del ajuste que un protector de ancianos.

La acusación lleva nombres fuertes: organismos de DD.HH. y gremios lo señalan como responsable de un «desprecio absoluto por la salud» de mayores. Incluso hablan de un «genocidio por goteo» al estilo del ajuste previsional que aplica. Con esa reputación, Patiño aparece como el símbolo del Mileismo duro: se pronuncia en contra del gasto público en medicina al tiempo que participaba activamente del esquema que vacía farmacias para jubilados. Su discurso de «eficiencia» choca con el hecho de que él mismo aparcó un fallo que exigía remedios; en suma, cualquier defensa retórica del ahorro es vacía si fue él quien privatizó la salud a fuerza de decretos.

Luis Picat era un radical de ley que decidió convertirse en un admirador público de Milei. Cambió su trinchera centrista por el fervor austero de La Libertad Avanza: se mostró abrazando al presidente en la Casa Rosada y, como castigo, la UCR lo echó. ¡Qué paradoja! Expulsado de su propio partido por ser demasiado vasallo de Milei. Su perfil de empresario rural encaja en el equipo del ajuste, aunque genera bronca verlo fascinado con los vetos liberales mientras antes luchaba contra ellos.

Picat presume de “eficiencia” radical, pero sus actos hablan por él: abandonó su tradición partidaria para sumarse al ajuste. Ahora dice defender la economía de Córdoba, pero lo principal que defendió fue su silla, sacrificando la “dignidad” radical en el camino. En resumen, el exlíder campestre se transformó en portavoz del plan de ajuste; ojalá valga el ahorro, porque la coherencia y la lealtad partidaria ya se perdió en su mudanza al mundo libertario.

Eliana Bruno llegó al PAMI de Orán y al Congreso prometiendo “protección social”, pero resulta que no es muy amorosa con los débiles. Se hizo famosa porque –antes de tener cargo oficial– tuiteó que “los que viven de planes se merecen caminar en el barro toda la vida”. ¡Vaya vocación de servicio! Después se disculpó ante la bronca pública, pero la frase ya dejó claro su tono: prefiere culpar a los pobres antes que el sistema. Su ironía máxima fue aspirar a ser ministra de la familia sin querer ayudar a las familias.

Bruno es una ex dirigente ultracatólica de orígenes humildes que ahora se ufanó de repartir tinte liberal en Salta y Chaco. Dice ser “cristiana” y “defensora de la vida”, pero fue rápidamente perdonada por la iglesia local a pesar de su mea culpa media verdad. Su campaña fue discreta, como su presencia pública… hasta que incendiamos redes. Ahora cobra como diputada por Chubut y vende historias de sacrificio solidario, mientras aplaude recortes laborales de los que ella misma formará parte. Una gloria de Instagram convertida en recaudadora de votos.

Bárbara Andreussi es nieta de un viejo caudillo justicialista jujeño (exgobernador Horacio Guzmán) que dejó el peronismo para probar suerte en la ultraderecha liberal. Salió de un partido chiquito (Movimiento Popular Juáez) para apoyar a los ultras de Milei, lo que suena a pirueta ideológica notable. Lo llamativo no es solo su apellido (falta que figure en Wikipedia como política a fuerza de linaje), sino que ahora defiende ajustar el Estado sin sentir culpa por su propio recorrido familiar.

Pese a su pedigrí, se presenta como “pequeña empresaria” de Jujuy que llegó a la política casualmente. De entrada pidió cortar la baja de edad de imputabilidad (dice que antes eran 16 y quiere 13) y luego vaciló cuando protestas provinciales la obligaron a ceder. Imagínese: ilustre heredera del sistema, hoy marchita cualquier nostalgia peronista para ceñir una chaqueta ultraliberal. En suma, la podemos ver como la aristócrata libertaria típica: desprecia al establishment solo hasta la próxima negociación que beneficie su agenda.

Javier Sánchez Wrba se volvió famoso por querer expulsar a una diputada opositora solo por desenchufar un micrófono. Los radicales K llamaban “¡Sabotaje! ¡Ilegalidades!” al suceso, y él lo denunció como un delito político gravísimo: “actos de sabotaje ilegales” fue su término para un cable flojo. Un militante de la moral parlamentaria, claramente. Mientras tanto, el cuerpo legislativo se parece cada vez más a Mandrilandia: él gritó “En Mandrilandia no se respeta el reglamento”, ofendido porque lo acusaron de guarango. Al final, cualquiera que no siga el rito PRO se convierte en enemigo.

Antes de dedicarse a vigilar mics, había sido funcionario porteño. Hoy, en el Congreso de la Nación, sigue haciendo guardia ideológica: exige cárcel para colegas que “perturban” la sesión. No sorprende, pues su idea de debate político es de un guardia municipal entrando a caballo. Wrba aplaude la represión de la protesta social mientras acusa a una compañera de boicot, demostrando con sus berrinches que le preocupa más el ruido que el derecho a decirlo.

Álvaro García es uno de esos diputados que aparecen poco en los medios. Licenciado en Economía, llegó por La Libertad Avanza a la Cámara sin grandes antecedentes políticos divulgados. Su vida pública antes era manejable y discreta: funcionario porteño de manejo intermedio, divulgador de múltiples conferencias liberales. Ahora se dedica a respaldar la reforma laboral desde el anonimato, porque no hay mucho que remarcar sobre su pasado.

Como analista, vende la reforma laboral como “necesaria para el empleo”, aunque no explica cómo eso protege a los trabajadores. Es tan transparente su historia que la única controversia posible sería existir en la soledad parlamentaria. En resumen: un tecnócrata adaptado a la moda libertaria, con cara de estar siempre calculando algo – quizás qué tal palo le sacan al ajuste ajeno.

María Gabriela Flores, elegida en Salta, se presenta como amante de la infancia mientras su partido descarta derechos laborales a los padres. Es abogada y militante de LLA; hasta conducía el acto por el Día del Niño cuando votó la reforma laboral. ¿Contradicción? ¡Para nada! En los juegos de palabras de la LLA, cuidar a los chicos implica menos gasto público, así que celebro ver recortes. De presidenta de comisión sobre niñez pasa a regalarle el respaldo oficialista a la pobreza futura: los niños que dejemos sin ingreso hoy serán su responsabilidad.

En su ascenso no hubo ruidos: fue funcionaria de otros partidos provinciales, luego cruza al bando libertario con un perfil técnico. Dicen que defiende la educación, pero ese mismo día sus compañeros impulsaban un recorte salarial tácito. Quizás lo importante sea haber llegado a la mesa grande; da igual si los niños la ven por televisión o recibiendo migajas en el recibo. Nada, ni los derechos mínimos, detiene a la legisladora que promete por televisión “más futuro” mientras elimina condiciones de los padres.

Alida Ferreyra se ganó una banca sin haber disputado un voto: ingresó cuando a otra diputada de su alianza la llevaron de Canciller y le dejaron el asiento. Periodista porteña devenida en abogada, cambió el Partido Libertario por La Libertad Avanza como quien cambia de chaqueta. Llega al Congreso sin militancia llamativa, casi un apellido en la lista de lucky-losers: “hija del marketing”, dicen, porque su currículum real es el de suplente privilegiada.

¿Su tarea en la política? Enseñar modales a los poderosos sin haber sido elegida. Se muestra entusiasmada por liberar gente de la burocracia, sin explicar cómo liberará a quienes no votaron por ella. Si antes soñaba con la milanesa del poder como periodista, ahora la sirve en bandeja para los reformistas. Su gran contradicción: proclama defender la Constitución, pero ocupa su sillón casi por decreto interno, demostrando que el libre mercado no cobró el Congreso vaciado de votos.

Alejandro Carrancio saltó del municipio bonaerense al Congreso y se convirtió en el Señor de los Tratos Secretos. En un audio lo denunciaron admitiendo que pagó en dólares, negoció con el gobernador Kicillof y repartió bancas: ¡un pacto K para trocear la oposición!. ¿Un vocero anti-corrupción? No, ahora entendemos el refrán de tener amigos hasta en el infierno. Su indigna confesión muestra la doble cara: vocero del ajuste externo, traficante de privilegios internos.

Carrancio se disfrazó de funcionario transparente, pero la realidad le sacó la máscara: financió campañas y mercadeó candidaturas como una financiera de puestos. Las organizaciones políticas lo acusan hasta de dividir bancas mientras grita que protege la ética. Al final es el espécimen perfecto del ultraliberalismo a la argentina: discurso de blancas manos, pero los bolsillos, negros de negociados. Otro que “avanza” es él, hacia la puerta de tribunales.

Adrián Brizuela es un abogado catamarqueño que votó en contra de la reforma laboral pero afirmó que en el paquete no hay “quitas” (mentir sin rubor es un arte local). Se ocupó de decir que la mitad de los trabajadores está en negro, sugiriendo que no hay nada que reformar; luego apretó el botón afirmativo. Su argumento: la ley no cambia nada, aunque votarla sí. Esa habilidad para negar la realidad lo hace útil a la causa del caos organizado.

Se maneja casi en silencio: precandidato menor de corredores opositores. Su “vocación justiciera” brilla solo en consultas con privados. Las cámaras lo vieron aplaudir cuando se recortaban derechos, como si el castigo fuera invisible. Su contradicción reina en cada frase: habla de defender empleos formales, mientras avala el proletariado liberal de su espacio. En Catamarca le conocen por su jargon jurídico, pero en diputados quedará como uno que prometía salvar PyMEs mientras desarmaba la protección laboral.

Adrián Ravier es el economista tipo “Mont Pelerin Tour”: doctorado en el extranjero, profesor de varias universidades y montenegrino con ilusión pancodada. Todavía no sabemos algo polémico de su pasado; apareció como candidato de La Libertad Avanza por La Pampa porque su agenda ultraliberal lo llevó del pizarrón al micrófono. Se dedica a propagar que despidos baratos son la madre de la ciencia económica, aunque la mayoría de la gente se pregunta qué significa eso en criollo.

Pareciera un académico tímido que solo da notas cordiales: el típico profesor de libre mercado, incluso aparece en think tanks pro. No es conocido por escándalos, ni siquiera tiene foto sonriendo. Lo paradójico del caso es que un tipo tan personalista (editorial o libro) se convierte en nuestro legislador, guardando el aura de un club privado. Básicamente, una figura que te suelta promesas de estabilidad monetaria con cara de economista zombi.

Carlos Raúl Zapata pasó a la fama cuando, indignado con el Parlamento, lo llamó “mandrilandia” en medio de la sesión: ¡exigió orden en ese montón de payasos peludos!. Aclamado con aplausos, lanzó “No soy Bad Bunny” para aclarar que su chicana no era un verso de reggaetón. El diputado salteño retrata a la perfección al opositor temperamental: él mismo armó un circo con su lenguaje. Sin embargo, se cree el vigilante moral de la Cámara.

Su performance mediática ante la reforma laboral fue sacar pecho de exabruptos. Mientras reclamaba decoro, votaba a favor de la flexibilización; al final, salió avalando lo mismo que antes criticó. Su honestidad discursiva es doble: Insulta a sus colegas pero celebra el recorte de derechos. Así es la lucha parlamentaria de Zapata: más espectáculo que sustancia.

Julio Moreno es un veterano familiar de dos mundos: legislador salteño y sobrino del ex gobernador… que se volvió salteño reciclado de Cambiemos. Saltó a la fama nacional cuando dijo que “no creo que los jubilados vayan a morir por no tomar un medicamento”. Ese espíritu fue su carta de presentación: darle valentía a la frase para recortar medicinas es su estilo. En junio 2022 apareció su nombre en una lista de privilegiados: figura que había recibido la vacuna VIP de la pandemia. Para constancia: un economista rural que pondera la frugalidad con fornada estatal.

Moreno abandonó su banca provincial para asumir en Nación: votó a favor de la ley laboral mismo con su polémica frase en la memoria. Defensor del mercado abierto en tierra de café, ahora apoya achicar protecciones laborales. Le gusta decir que ahorra con poco gasto social, pero practica la coletilla: él mismo disfrutó del privilegio de cumplir prioridad médica. Mucho sentido de la eficiencia.

Alejandro Finocchiaro fue ministro de Educación de Macri, y como buen macrista de ley odia paros y sindicatos: llegó a ser declarado “persona non grata” por algunos gremios. Su sello actual es votar a favor de desfinanciar universidades: él admitió con cara dura que PRO sabe que “no hay plata”, así que mejor cortar aulas y dejar alumnado sin apoyo público. El kirchnerismo lo detesta por eso, y los docentes también: el tipo te envía a clases presenciales, pero te retira el presupuesto de golpe.

Históricamente confrontó con burbujas sindicales, aunque esa guerra no la peleó contra propios. Ahora en Cámara Baja aprovecha para respaldar un recorte laboral y pide listas únicas en sindicatos –vaya si le gustan las privatizaciones de derechos. Se las arregla para que su agenda sea “todos contra todos” y los maestros chupándolo frio. Con Finochiaro, el recorte es piola: a los pobres, prometió que “no los vas a matar de hambre”. Más claro: elitista liberal con aires pedagógicos, cada voto suyo promete más clases gratis para los poderosos.

Aníbal Tortoriello vino del sur argentino representando a Río Negro. Fue intendente de General Roca, donde mantuvo tensiones con gremios municipales y hasta llamó a la Gendarmería para "poner orden". Ahora se proyecta en el Congreso con Milia. No hay escándalos famosos en su hoja de ruta pública (típico del peronismo antiestablishment reinventado), pero se rumorea que prefiere invertir en minería privada: empuja un bloque de derechas mientras retrata a la Patagonia.

Quizá su principal contradicción sea no tener perfil propio salvo la amistad con otros libertarios. Mandó atrás felicitaciones a productores por el recorte laboral, y guarda silencio cuando grupos locales protestan. En suma, es otro exfuncionario rebelde que se sube al tren liberal: la ironía es que pasó de pegar duro con los municipales a votar por flexibilizar a obreros. Ni muerta cantó.

Yamila Ruiz es conocida en Misiones por su fuerte perfil amiguista: fue diputada provincial y jefe de campaña del FR de Ortíz antes de aliarse a los libertarios. Se convirtió en noticia nacional cuando intentó silenciar a Greenpeace con una “Carta Documento” por decir que el Omnibus (núcleo de reformas) amenaza el bosque. En otras palabras, se indignó legalmente por ser señalada en una campaña ambiental. Su postura: meter demanda a un ONG es más efectivo que corregir la ley que permite deforestación.

La ex diputado misionera suele defender el paquete de reformas del gobierno ignorando críticas ambientales. “¡Faltan a la verdad!”, dijo sobre los ecologistas, como si la justicia la respaldara a ella y no a los árboles. En su tuiter proclama cuidar la selva misionera, pero en la práctica defiende el ajuste del estado provincial. Así es la incongruencia: suena a Madame Larousse de la ecología mientras respalda ajustes, todo con la bendición de su líder local.

Yamile Tomassoni era desde siempre la funcionaria de ANSES en Rosario (titular de la oficina central). Ingresó al Congreso de LLA como un cebo de los viejos partidos: su único mérito fue ser la novia de un influyente dirigente rosarino, Javier Mazzoli, el fanático que hasta dudó de La Noche de los Lápices. Así, Tomassoni combina el porte de oficial estatal con la agenda de ultraderecha. ¡Hipnotizante ver su CV decir “vicepresidenta del partido mientras cobra del Estado”!

Desde ANSES ella controlaba jubilados, pero votó por una reforma que a muchos los condena al barro. Se presenta como “hija de los trabajadores”, aunque los broncos del sindicato la ven como “una más de Olmos” (el kirchnerismo local). En campaña prometió apoyar a la familia, pero apoyó al ajuste. La paradoja es perfecta: una funcionaria pública encabezando la cruzada contra los subsidios. En Santa Fe la llaman la libertaria atada a la red: lanza discursos pro-mercado mientras maneja una red de recursos estatales.

Agustín Pellegrini es un joven abogado rosarino, modelo de redes sociales, que llegó a la Cámara como imagen de la nueva generación libertaria. Lo primero que destaca es lo inexperto que se muestra con el micrófono: es sincero, dice que va a respaldar cada reforma de Milei “para sacar el país adelante”, sin más. Tiene cara de influencer y lenguaje de discusión tuitera, prometiendo cambiar la realidad con ideas ultraliberales que él mismo repite a diario. Es la versión joven de político: muy presente en TikTok, pero poco en las calles.

En su historial no hay un escándalo conocido porque nunca fue electo antes; es relativo santo de perfil bajo. Su credencial: vicepresidente de LLA en Santa Fe (una designación de la junta, más que de los votantes). Cada tanto lanza una consigna como “menos gasto, más producción”, pero nadie le pregunta cómo eso ayuda a los pobres o a las pymes. Al final es un tipo educado, cero estallidos, recordado más como abrepuertas de capítulos millennials que por logros tangibles. Todo un referente de campaña, a ver cuánto dura la figura en plena ley.

Álvaro Martínez, ex diputado y dirigente mendocino, se hizo tristemente viral proponiendo prohibir los cambios de género para menores –“¡hay que cuidar a los niños!”, dijo– y también para los presos. Es decir, quiere que ni un condenado ni un chico pueda modificar su identidad legal. Se presentó con mil candidatos de ultraderecha a la larga lista de LLA. En la Cámara Nacional, es uno de los que más discutieron contra la “Ley de Ideologías” (como ellos la llaman). En mi barrio lo señalan por viejo conservador ligado a la UCR de Bentín, pero ahora es ultra a tiempo completo.

Con su historial, no sorprende: antes propuso iglesias en lugares públicos y semanas de la familia cada mes. Hoy vota reformas radicales con la cara en alto, creyendo que eso favorece la libertad. Es irónico: era anti-IVA y contra subsidios, pero el primero en llevarse la tajada con su oficina en Anses. ¿Coherencia? Cero, solo convicciones de barra de bar. Representa al ala dura que quería prohibir hasta los remedios gratis, y al menos en el debate no disimula su campaña familiarista y anti-género.

María Virginia Gallardo es una modelo y vedette correntina reconvertida en diputada nacional por Corrientes en 2025. Se dio a conocer en farándula y en las redes por sus opiniones políticas estruendosas. Por ejemplo, una vez afirmó sin chistar que en Argentina había “56 millones de pobres” (más habitantes de los que tiene el país) y generó memes hasta de eso. Aplausos aparte, pasó a ser la “vedette libertaria” que encara debates con anécdotas inolvidables.

La modelo apuesta a lecturas del corazón: su argumento estrella es que “hay mucha vagancia de los trabajadores”, y por eso defiende flexibilizar empleo. Su discurso es más show que sustancia, con frases para viralizar. Cuando contó con su voz de actriz que “la pobreza es un invento” o recitó estadísticas propias, la convirtió en centro de chismes. En definitiva, su aporte a la reforma laboral es pura imagen: trae glamour a la Cámara y aplaude cada tijeretazo con la sonrisa que la hizo famosa.

Julieta Metral es abogada de 36 años de San Rafael (Mendoza) que hizo campaña casi en silencio y terminó aprobando la reforma laboral. Tiene máster en Economía y entró en el Congreso por un arreglo interno: las alianzas oficialistas la pusieron cuarta en la lista y quedó con la banca por el cupo femenino. En la provincia dicen “nadie la votó”, porque su nombre era desconocido hasta las urnas. Es el ejemplo perfecto de militante técnico: sin conflictos conocidos, pero atada a la cuota.

En su breve aparición mediática, prometía “modernizar el Estado” y “eficiencia judicial”, slogans vacíos como todos los de la ley laboral. A diferencia de colegas que fanfarronean, ella prefirió el perfil bajo: casi no habla. Su drama es que sólo conocemos que llegó por negociación política interna. Así, funciona: entra por un pacto de familia política (entre LLA, UCR y PRO mendocino) y luego defiende sin chistar cada tijeretazo al bienestar. Ni siquiera tuvo tiempo de contradicción más allá de decir amén a todo.